Acuña, Política y economía en la Argentina de los ´90

Acuña Carlos

POLÍTICA Y ECONOMÍA EN LA ARGENTINA DE LOS '90 (o por qué el futuro ya no es lo que solía ser)

La transición en manos del gobierno radical: cuando la estabilidad del régimen democrático comenzó a independizarse del proceso económico

            El sorpresivo triunfo electoral radical de 1983 implicó un principio de cambio sobre el significado de la democracia en la Argentina. La "ley de hierro’’ que establecía que el peronismo constituía la mayoría ya no tenía vigencia. Por otra parte, todavía no resultaba claro el rumbo que se seguiría con respecto al papel del Estado y la economía general: ¿existía todavía espacio para la implantación de fórmulas keynesianas?.

            El gobierno de Alfonsín debía enfrentarse al problema de cómo salir de la crisis económica (deuda externa, caída de la tasa de inversión, retraso salarial). Para eso confiaba en: 1) que el manejo de los recursos del Estado para regular el funcionamiento de la economía bastaría para firmar la crisis; y, 2) que el cambio institucional despertaría la comprensión por parte los acreedores externos. De esta forma, se apuntó a tres objetivos simultáneos: aumentar el salario real, lograr cierto crecimiento y pagar menos de lo pretendido por el FMI y los bancos acreedores en concepto de servicios de la deuda externa. El ministro de economía, Grinspun, se propuso incidir simultánea y favorablemente sobre la inversión y los salarios, con el objetivo de reducir el impacto social del ajuste que se ponía en marcha. El Estado procuró colocarse por sobre los sectores en pugna y reducir el margen de acción de los mismos, con el objeto de "encapsular" su comportamiento en función de la política económica oficial. Frente a las voces que demandaron la concentración de las políticas socioeconómicas, el gobierno actuó desestimando la negociación por la supuesta pérdida de consistencia que traería aparejada para las políticas públicas, y sosteniendo la legitimidad democrática que la mayoría que lo había elegido le otorgaba a su aislamiento en la toma de decisiones.

            En función de esta centralización, el oficialismo decidió neutralizar la potencial reacción laboral por medio de las reformas de organización y representación sindical. Este intento fracasa en el Congreso. Por otra parte, los empresarios no tenían acceso a los espacios de decisión, y se oponían a las medidas de control de precios, aumento de los impuestos a las exportaciones, y la expansión del gasto público.

Durante 1984, la estrategia keynesiana de Grinspun resultó en la desconfianza del FMI y los EE.UU. y, aunque los salarios reales superaron el 20% mensual, había recesión. Además, la exclusión de representantes de empresarios y trabajadores en la toma de decisiones generaron desconfianza. En este contexto, el gobierno busca neutralizar los costos derivados de la gestión de Grinspun, nombrando en Enero de 1985 a Sourrouille como ministro de economía, quien sorpresivamente lanza en Plan Austral (Junio de 1985).

            El objetivo fundamental del plan de ajuste era contener la suba de precios, mediante un shock antiinflacionario que genere credibilidad en el sector capital y confianza en los acreedores externos. El "Austral" apuntó a hacer efectivo el control estatal sobre los salarios, los precios, las tasas de interés y el cambio; destacándose la reforma monetaria y las medidas sobre la reducción del déficit fiscal y la reactivación, llegando a recuperar parte de la confianza.

            El exitoso lanzamiento del plan, coincidió con el inicio del juicio a los ex integrantes de la Junta Militar, por violación a los derechos humanos.

            Sin embargo, el Plan Austral se había mostrado exitoso en controlar la inflación dentro de un esquema de congelamiento, y control estatal de las principales variables macroeconómicas, por lo que enfrentaba al dilema de cómo descongelar las condiciones inflacionarias que había caracterizado a la economía argentina por décadas. Durante 1986 se intentaron diversas formas: se flexibilizaron los controles de precios para volver a imponerlos al poco tiempo, se buscó quebrar la inflación, permitiendo negociaciones salariales imponiendo "pisos" y "techos"( prohibiendo aumentos en base al índice de inflación pasada y estableciendo "techos" en función de la inflación esperada).

            ¿Cómo liberar al mercado sin reproducir las conmociones originales y desembocar en una nueva espiral inflacionaria?. La estrategia apuntó a la modificación del modelo de acumulación vigente desde 1930. La distorsión de los precios relativos y la posibilidad de aumentos salariales nominales, con el consiguiente traslado a los precios habían sido el resultado de una estructura económica semi-cerrada. La propuesta del gobierno sería la de permitir una mayor presencia de la competencia internacional en el mercado local, que disminuiría los costos de los insumos de los productos manufacturados exportables, solución de la escasez de divisas y modificación de la conducta de empresarios y trabajadores en la puja distributiva.

            El otro gran tema era el de la reforma del Estado. El gobierno Radical había encarado la disminución del gasto público con medidas como la reducción del salario relativo de los empleados públicos, respecto de los privados, la caída de los haberes provisionales y aumentos de las tarifas públicas. Sin embargo, estas medidas no fueron suficiente. El pago de los intereses de la deuda externa, tornaban impotentes a tales medidas.

            Durante 1987, en un contexto de rebrote inflacionario, se produce el levantamiento militar de Semana Santa. La derrota electoral del Radicalismo en la elección de Diputados, obligó al gobierno a variar su objetivo de convertirse en el "tercer movimiento histórico" (el yrigoyenismo sería el primero, el peronismo el segundo) por una prioridad más humilde: poder gobernar controlando la inflación y el desafío "carapintada” hasta la elección presidencial de 1989.

            En 1987, frente a la pérdida del control de la Cámara de Diputados por parte del Radicalismo, el Peronismo canjeó su apoyo a los aumentos impositivos que necesitaba el gobierno para controlar el déficit fiscal, por la aprobación de las leyes sindical y de contratación de trabajo entre patrones y empleados. Esto neutralizó la capacidad gubernamental de fijar salarios y precios por decreto. Y dado que el control de precios y salarios era el mecanismo central para la implementación de políticas  en el contexto del Plan Austral, 1988 marca el fin del plan.

De esta forma, la lucha por mantener recuperar posiciones en la distribución de recursos no se hizo esperar, como tampoco sus efectos sobre la inflación. El equipo económico irrumpió a principios de Agosto con el "Plan primavera".

El Plan se basó en un acuerdo con la Unión industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio, asociaciones preocupadas por la posibilidad de un triunfo electoral peronista con Menem supuestamente más populista). Este plan resultó en la disminución de la inflación, y la demostración de acuerdo por parte del FMI a través de la concesión de nuevos créditos para pagarla deuda externa. Estos constituían una pieza clave para la contención de la inflación que colocaba a la tasa de cambio como freno de los precios internos. Pero también, condujeron a la oposición del sector agropecuario que denunció al Plan Primavera y al desdoblamiento cambiario, como un "despojo al campo y a los consumidores".

            Todo esto se produce en el siguiente contexto: 1) mayores presiones sindicales, 2) una intensificación de la campaña electoral, en la que el candidato peronista Menem prometía una moratoria de la deuda externa y la reactivación económica mediante un "salariazo".

            Este contexto motivó un rebrote inflacionario. La presión inflacionaria sobre el valor del dólar y el objetivo gubernamental de controlar el aumento de precios por medio de un dólar "bajo”, resultaron en una creciente oferta de la divisa. A partir de la expectativa de que el Estado iba a ser incapaz de mantener la devaluación y la oferta de dólares, los grandes grupos económicos aprovecharon los rendimientos las tasas de interés, mientras una parte creciente de sus excedentes se "corrían" al dólar a medida que las reservas de la divisa disminuían el Banco Central.

            Cuando el 6 de febrero de 1989 el Banco Central decidió suspender la oferta de divisas, el "despegue" del dólar y sus efectos sobre los precios fueron arrasadores. La UIA y la CAC rompieron su alianza con el gobierno y se consideraron liberadas del acuerdo de precios.

            El 15 de Mayo, Menem gana la elecciones con un 47% de los votos, contar un 32% del candidato radical Angeloz.

            Era la primer vez en la historia argentina, que un gobierno democrático transfería democráticamente el poder a la oposición. Sin embargo, este proceso político poco tuvo que ver con una democracia eficiente en términos socioeconómicos.

           

¿Por qué el futuro no es lo que solía ser?

            Las propuestas de Menem durante la campaña electoral, sobre la deuda externa, y la forma de tratar la relación salario / ganancia (salariazo” y "revolución productiva" al mismo tiempo) resultaban confusas. Sin embargo, el inesperado nombramiento como ministro de economía a un representante del principal grupo multinacional de orden local (Roig, del grupo Bunge y Born) no dejó lugar dudas sobre la dirección que asumirían las políticas socio - económicas.

            Esta política respondió a la dirección de la reforma del modelo de acumulación en la que ya se había enmarcado el Radicalismo. La política menemista buscaba profundizar la dirección neoliberal a las privatizaciones, la apertura económica y los cambios en la política exterior.

Tras la muerte de Roig en 1989, asume Rapanelli (también representante del Grupo y Born). Menem deseaba evitar el aislamiento político que sufrió Alfonsín. Por eso, apuntó a conformar un gabinete 'expresivo' de todo aquello que existe en la vida política y social del país. La práctica del peronismo siempre había mostrado una participación de empresarios al frente del ministerio de economía, y de sindicalista el frente del Ministerio de trabajo. En este sentido, el nombramiento de Roig o Rapanelli, significaba una continuidad; pero por el otro, en el peronismo tradicional esos ministros eran representantes de asociaciones de tercer y cuarto grado organizadas a nivel nacional, enfrentadas con los grupos económicos más poderosos del país. En este segundo sentido hay una ruptura con la política peronista tradicional.

            El nuevo ministro acordó con 350 empresas líderes la estabilización de precios a cambio de mantener estables las trabas públicas, las tasas de interés y de cambio. El índice de precios al consumidor bajó, pero aún no en forma suficiente como para compensar el atraso de los salarios reales, y el ingreso de los exportadores que estaba atado a una tasa de cambio congelada.

            Esta situación lleva a Menem a adoptar dos medidas: una reducción en los pagos por derechos a la exportación para beneficiar a los exportadores. Y, por el lado del movimiento obrero, preparar el "asalto” a las posiciones de los sindicatos más combativos: nombró en el Ministerio de Trabajo a sindicalistas pertenecientes a sectores de fluidas relaciones con los empresarios. Así, con el control del Ministerio por parte de los sindicalistas promenemistas, y la intransigencia la CGT liberada por Ubaldini, el gobierno logra la fractura de la CGT en: la CGT San Martín (promenemista) y la CGT Azopardo (opositora).

            El fin de 1989, mostraba tensiones entre el ministro de economía Rapanelli y el grupo al que pertenecía el mismo (Bunge y Born). El foco del conflicto era la generalización del IVA (necesario para cubrir el déficit fiscal). Es que de representante de un grupo empresario, el ahora ministro de economía debía representar al conjunto de los grandes empresarios, y a los intereses del FMI.

            En Noviembre de 1989 la reacción de los exportadores a una tasa de cambio estable, en un contexto aún inflacionario, se tradujo en una caída de la oferta de dólares. En Diciembre se concede una devaluación de Austral y se desdobla el mercado cambiario en oficial y libre, y se disminuye las tarifas por importación. Por otra parte, se intentó disminuir el déficit fiscal con un aumento en los combustibles y en las tarifas públicas. Sin embargo, la tensión entre el ministro y el grupo al que pertenecía, obligaron a la renuncia de Rapanelli y si reemplazo por Erman González.

            El nuevo ministro unifica el mercado cambiario y libera el tipo de cambio, eliminando todas las regulaciones para la compra de divisas, anulación a las retenciones a la exportación, y, previendo un salto inflacionario, un aumento salarial de 20000 australes. Sin embargo, el aumento de los precios al consumidor aumentaron un 40% y el dólar subió de 960 a 2000 australes.

            A partir de 1989, la estrategia gubernamental se centró en contener la inflación y el aumento del dólar. La articulación de la hiperinflación con una freno en la emisión de moneda, determinó la caída de la base monetaria, por lo que el coeficiente de liquidez cayó un 12%. La triple consecuencia de la caída de la base monetaria fue, primero, el aumento de la tasa de interés, segundo la recesión y, tercero, las empresas debieron "salir "al mercado a vender sus reservas en dólares para poder obtener australes; por lo que el valor de dólar cayó de 2500 a 1300 Australes a fin de Diciembre. Los bancos privados, por no contar con suficientes BONEX, no podían cubrir los depósitos de sus ahorristas. Es que el Banco Central se negaba al canje con los bancos privados de títulos de la deuda por BONEX, y el resultado fue el enfrentamiento entre los bancos y el Presidente del Banco Central, que se ve obligado a renunciar.

            La altas tasas de inflación de enero de 1990, retrasaron las tarifas públicas y las liquidez y la recesión determinaron que el gobierno incremente las tarifas en un 80% y generalice el IVA. A pesar de que el empresariado coincidía en el global del gobierno, no coincidía con aspectos puntuales como la extensión del IVA. El 31 de Agosto, el Ministro de Economía volvió a anunciar una aceleración del ajuste: recortes de los gastos públicos, en la administración central y las empresas públicas, despido y jubilación forzosa de empleados estatales, y aceleración de las privatizaciones ( la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Aerolíneas Argentinas, licitación de las áreas petroleras, y ferrocarriles).

            Se produjo un aumento simultáneo de las exportaciones y una caída de las importaciones. Pero proseguía la incertidumbre sobre la capacidad del Estado por controlar el déficit fiscal . El aumento en la demanda de dólares, determinó un aumento del dólar de 5820 Australes a fines de Diciembre a 9450 en enero. El aumento en el dólar, y la denuncia del embajador norteamericano sobre coimas pagadas por las empresas de su país para poder realizar trámites, obligaron al Ministro Reman González a renunciar. Sería reemplazado por Cavallo.

            El año 1991, comenzaría con nuevos alzamientos militares, que terminaron en el indulto a 200 militares detenidos por violación a derechos Humanos, y la amnistía a los miembros de la Junta Militar.

El Cavallazo

            Cavallo anuncia un nuevo plan de ajuste, que en un principio encontraría varios escollos: la nueva estructura impositiva tardó en aprobarse en diputados. En segundo lugar, la huelga ferroviaria por mejoras salariales obligó al gobierno a declarar ilegal a la medida, y aceleró la privatización de los ramales, levantándose el conflicto en un proceso de negociación en el que los trabajadores tuvieron que conformarse con la reincorporación de los cesanteados. Y, en tercer lugar, un paro del sector agropecuario, que incluiría a los pequeños y medianos productores ( la Sociedad Rural no había adherido), por el que el sector pedía un "pacto fiscal” con el gobierno, que equilibrase las necesidades fiscales con las de los productores. El gobierno, concede la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

            Superados estos problemas, Cavallo anuncia un nuevo plan, en el que se incluía la paridad cambiaria entre el peso (moneda que suplantaría al Austral) con el dólar. Para asegurar, fijó la obligación de que el Banco Central mantuviese la relación entre las reservas y la base monetaria, y suspendió toda cláusula indexatoria en los acuerdos salariales.

            El Plan apuntó a completarse con once pasos:

            1) La aceleración de las privatizaciones con su efecto de reducción del déficit fiscal para permitir al Estado, a) desprenderse de algunas empresas deficitarias, b) obtener un ingreso de divisas y c) reducir de la deuda externa por los bonos de la deuda usados para pagar parte de las empresas privatizadas.

            2) La desregulación de la economía que repliega al Estado de una serie de funciones de control y participación en los mercados( disolviendo las comisiones reguladoras de la producción, la Dirección Nacional del Azúcar, y las Juntas de Carnes y Nacional de Granos).

            3) La continuación de la reforma administrativa por la que los empleados de la administración central había caído de 347000 a 200000.

            4) Mediante, a) la firma de un stand by con el FMI y el cumplimiento de las metas acordadas, lo que permitió obtener préstamos del FMI, b) la renegociación con los bancos acreedores externos y el ingreso al Plan Brady, el gobierno alcanzó una quita de un 20% de la deuda externa estatal y una reducción del peso al pago de los intereses sobre las exportaciones, ampliando los recursos fiscales.

            5) Un aumento de la captación impositiva, a) por medio de incrementos en el IVA y el Impuesto a las ganancias.

            Con respecto a los costos de producción:

6) Continuidad de la apertura económica.

            Con respecto a los costos laborales:

            7) La flexibilización que por las nuevas leyes de accidentes de trabajo y de empleo disminuyen los costos laborales, imponiendo menores indemnizaciones por accidentes de trabajo, flexibilizando el contrato temporario de personal, disminuyendo el aporte patronal para la jubilación y obras sociales.

            8) Las negociaciones por mejoras salariales, deben hacerse en base a la productividad, con el objetivo de que no sean trasladadas a los precios.

            9) El envío al Congreso de proyectos para definir las leyes de convenciones colectivas de trabajo, derogar el impedimento para la existencia de una sola CGT y para la constitución de sindicatos de oficio y de empresa.

            10)  a) Se anula la obligatoriedad del aporte de los trabajadores a la obra social del sindicato que los representa, y b) el Estado unifica el sistema, reemplazando a los sindicato en el control de los aportes a las obras sociales, golpeando el tradicional poder económico sindical.

            11) Mediante la reforma previsional se apunta a) a la reducción de los aportes patronales, b) la privatización de gran parte del sistema jubilatorio para remover en el mediano plazo de las manos del Estado, el déficit ligado al quebranto de la mayoría de las cajas recaudadoras, c) bajas en el costo del crédito, por medio de la generación de un mercado de capitales a partir de los fondos concentrados en manos de los bancos y empresas que administran los planes de jubilación privada, d) ampliar la edad mínima de jubilación.

            Como se ve, el conjunto de medidas apunta a una revolución neoliberal del modelo de acumulación y de la estructura de relaciones sociales en la Argentina.

            Con la caída en la inflación, el electorado votó la estabilidad: le otorgó al Peronismo una victoria en las elecciones de Diputados y Gobernadores de 1991.

            Sin embargo, el plan mostraba problemas. Primero, el impacto diferencial de la apertura  de la economía sobre los bienes transables y no transables ( como alquileres y servicios). El proceso que se inició fue una transferencia, vía tasas de ganancia diferenciales, entre los productores de bienes transables y no transables como los industriales y los oferentes de servicios, petróleo y gas ( por la condición no transable y/o el carácter monopólico de su oferta). Segundo, la conjugación del mantenimiento de una tasa de cambio fija con aumentos de precios en moneda local, resultó en una sobrevaloración del Peso. Además, la posibilidad de mantener  la paridad cambiaria fija se tornó compleja a medida que se reduce la capacidad de sostenerla con grandes ingresos de divisas y niveles de reservas. La combinación de la reducción de barreras arancelarias, con una depreciación del dólar tendió a incentivar importaciones y complicar la capacidad exportadora loca;, por lo que se comenzaron a generar déficits en la balanza comercial. A su vez, el desempleo complicó el frente sociopolítico del gobierno.

            La lucha por la reelección y la desesperación del Ejecutivo para contar con los 2/3 necesarios en el Senado Nacional para recomendar la reforma constitucional, tuvo un correlato de manipulaciones y contramarchas en el plano provincial que resultaron en un desgaste de la imagen pública gubernamental. Esto conjugado a las demandas sociales y a la corrupción resultó en una crisis ministerial, por la que fueron reemplazados los Ministros del Interior, Trabajo y Educación.

            En 1994 y principios de 1995, surge el Frente Grande como tercera fuerza política. Durante las elecciones legislativas del 10 de Abril, tanto el Peronismo como el Radicalismo, sufren deslizamientos de votos hacia otras fuerzas.

            Durante 1994,  el panorama económico es poco alentador: caída de la captación impositiva; crecientes tasas de interés en el exterior y la crisis económica mexicana, fuga de capitales al exterior del país, presionando un aumento en las tasas de interés.

            El gobierno respondió en dos etapas. Primero, incrementó impuestos, llevando además adelante nuevos recortes en gastos fiscales (incluyendo reducciones en salarios de funcionarios estatales). Pero, estas medidas fueron insuficientes para cumplir con las obligaciones internacionales, y para calmar a los inversionistas, adversos al riesgo. En una segunda etapa ( iniciada a los días de la primera), se tomaron medidas destinadas a respaldar el Pan de Convertibilidad: urgentes negociaciones con el FMI y el Banco Mundial, que le permitieron obtener un crédito por 6700 millones de dólares; y nuevas privatizaciones (nucleares, hidroeléctricas y petroquímicas). El resultado fue la calma de los inversionistas, el repunte de la bolsa, y la caída de las tasas de interés.

            Sin embargo, la situación no es aún la óptima: las tasas de interés son todavía altas; la paridad cambiaria afecta la competitividad internacional de la producción local. Esta situación  afianza la tendencia a un menor crecimiento. Dada la menor captación impositiva implícita en eta tendencia, y los compromisos asumidos con acreedores internacionales, el gobierno enfrenta un dilema: priorizar la estabilidad aduciendo recesión (disminuyendo los ingresos, niveles de demanda, y actividad económica) que permita mantener baja la inflación, reducir el déficit comercial vía caída de importaciones'; o una devaluación del peso que defienda al mercado interno de la oferta importada, mejore la competitividad exportadora de la producción local y la balanza comercial, aunque poniendo en jaque la estabilidad monetaria.

            Sin embargo, en una economía abierta con una capacidad dólar/ peso fijada por ley en la unidad, la mayor o menor capacidad de seguir captando el ingreso de capitales extranjeros, está en el centro de la balanza entre las dos opciones citadas. Es más, si asumimos que un determinante importante del flujo de capitales externos hacia Argentina es el comportamiento de economías y procesos políticos externos, el éxito del Plan de Convertibilidad en los siguientes años, dependerá de contingencias fuera de control local.

            De esta forma, la tensión economía / política en 1995 se vuelve a plantear para el gobierno y la oposición como un problema cuya pieza central está en su relación con el electorado. Va cobrando importancia un sector del electorado llamado "independiente", cuyo voto prioriza las perspectivas de bienestar personal. La erosión sufrida por las identidades y lealtades partidarias, asegura a los grandes partidos importantes minorías que son insuficientes para alcanzar la victoria.

            Dada la crisis de las identidades político-partidarias, el factor clave que resuelve la decisión de ese electorado "independiente’’ es la forma en el que el mismo percibe los costos y beneficios relacionados con el apoyo al status quo, o en su defecto, con la prosecución de una estrategia maximizadora (corporizada en las promesas de un futuro mejor por parte de la oposición).

            El Radicalismo no ha logrado aún articular una posición como alternativa creíble. Ese espacio lo ha ocupado el Frente Grande, dando a la campaña electoral de 1995 un dinamismo poco imaginable poco tiempo atrás.

            En el largo plazo, el actual contexto económico y la estabilidad del régimen democrático, reforzado por las dificultades de la oposición de presentar alternativas creíbles, sugiere la continuidad de la estrategia socio - económica global. Por otra parte, el carácter revolucionario de su contenido permite prever que el futuro de la Argentina a largo plazo tenga poco que ver con los patrones político - económicos que la caracterizaron desde 1930 hasta hace no mucho.

La nueva matriz política argentina: por qué Menem pudo hacer lo que hizo (o, sobre las condiciones de factibilidad de una reforma neoliberal)

La decisión del propio Menem y la opción por Bunge y Born

            Causas:

1)     La participación en el entorno de asesores de Menem, de allegados sin una mayor militancia política en el peronismo y con fuertes lazos con grupos empresarios. Estos sectores son mayor "flexibilidad" ideológica que los cuadros formados en la militancia partidaria o sindical,

2)     La buena relación que algunos viejos militantes del peronismo habían establecido con el grupo B & B, así como la presencia en el entorno menemista de sindicalistas con fuertes lazos con el empresariado,

La neutralización de la respuesta sindical

1)       La desmovilización sindical redundó en un aparato sindical con poca capacidad de reacción. La dirigencia quedó dividida entre los que apoyaban la dirección neoliberal y los que comenzaron a oponerse,

2)       El gobierno implementó una estrategia de beneficios para los sindicatos que no enfrentasen la línea económica emprendida ( como nombramiento de sus representantes en los entes estatales responsables de la administración de los fondos de las obra sociales, y la consecuente priorización en la distribución de esos fondos a los sindicatos "aliados").

La neutralización del empresariado afectado por el plan

            La profunda reforma del capitalismo en la Argentina, implica una transferencia de recursos de los trabajadores y el sector público a los empresarios.

            Sin embargo, había un grupo empresario (textiles, electrónica, autopartistas, etc.) que ha quedado en una difícil situación frente a la competencia externa, resultante de la apertura económica. Este sector del empresariado, tradicionalmente vinculado al desarrollo del mercado interno (a diferencia  los grandes grupos exportadores) estaba nucleado tradicionalmente en la CGE. Dicha agrupación queda muy debilitada, frente a la UIA (Unión Industrial Argentina) que se convierte en el vocero del empresariado frente al gobierno.

            Otro grupo empresario importante, lo constituyen los grupos económicos que, fortalecidos, durante la dictadura, han visto sus intereses afectados con el achicamiento del Estado. Este grupo acumuló capital gracias a la sobrefacturación que le hacían al Estado para poder ofrecer ellos mismos productos a precios competitivos en el mercado internacional. La estrategia del gobierno para neutralizar la reacción de este grupo, ha sido la de intercambiar la perdida de ganancias como proveedor estatal por la apropiación, vía las privatizaciones de empresas públicas que quedan colocadas en posiciones monopólicas.

La neutralización de la oposición partidaria (incluyendo la del Peronismo) y sus implicaciones de mediano plazo para el sistema político–partidario

            La dedicada implementación de políticas neoliberales implicó redefiniciones intra e interpartidarias. Por un lado, el gobierno se acerca a la derecha liberal, encabezada por la Ucedé. Esto se ve reflejado en la presencia algunas figuras en el gabinete y en las secretarías del Poder Ejecutivo, así como en la dirección de empresas en proceso de privatización.

La aprobación de las leyes de emergencia económica y reforma del Estado, demandó discusiones entre los parlamentarios oficialistas. Este proceso desembocó en la formación de un bloque de diputados peronistas opositores a Menem ( el grupo de los ocho).

            El Ejecutivo ha mostrado alto "pragmatismo" al incorporar candidatos extrapartidarios o sin militancia previa (Reutemann, Palito Ortega), que en algunos distritos son más confiables que la propia dirigencia Peronista en términos de chances electorales.

            Respecto a la relación entre el oficialismo y el Radicalismo, debemos señalar que en general (salvo en el terreno económico), hubo importantes puntos de acuerdo entre ambas fuerzas (ley del divorcio, nombramiento de los miembros del poder Judicial, cuestiones militares). Pero, a partir de 1991 el Radicalismo comenzó a definir su perfil opositor.

Ante esto, el gobierno neutralizó su accionar por tres medios. El primero fue la mayoría propia en el Senado. Por este medio, temas estratégicos como la Emergencia Económica, la Reforma del Estado, la Convertibilidad, la Ley de Accidentes de Trabajo) el gobierno buscó la legitimación del Congreso. El segundo medio, utilizado desde 1990 fue el uso de decretos que le permitió al Ejecutivo evitar las negociaciones legislativas. El tercer medio fue la forma en la que el Ejecutivo forzó un acuerdo con el Radicalismo sobre la reforma constitucional, para que Menem pueda ser reelecto en 1995. Este acuerdo se materializó en el Pacto de Olivos.

           

Por qué está consolidada la democracia actual

            Tanto las Fuerzas Armadas, como la burguesía apuestan a una estabilidad democrática de largo plazo. Recapitulemos las razones para el cambio de preferencias por parte de estos actores.

Fuerzas Armadas y régimen político

            El gobierno militar ( 1976 - 1983) implicó un alto desgaste para las FF.AA. En primer lugar, la violación a los derechos humanos, dio lugar a un mayoritario resentimiento ante las mismas. En segundo lugar, la profunda crisis socio - económica en la que desembocaron las políticas aplicadas por los militares no sólo produjo resentimiento, sino que alejaron a los importantes grupos de la burguesía que tradicionalmente constituyeron el eje de la alianza político - económica que dio sustento social a los gobiernos de las FFAA. En tercer lugar, la derrota de Malvinas fue otra muestra de lo imprevisible y riesgos que podía ser el comportamiento militar para la burguesía y para viejos aliados internacionales como los EE.UU. Es más, la derrota de Malvinas generó un corte entre los generales que habían tenido responsabilidad en las políticas y acciones del Ejército, y los suboficiales subalternos que habían cumplido aciones de primer línea, tanto en la represión como en Malvinas. Los suboficiales responsabilizaron al generalato de mala planificación y ejecución de tareas en el combate.

            El enfrentamiento entre la suboficialidad y el generalato en Semana Santa (suceso que desencadenó la decisión del gobierno radical de sancionar la ley de obediencia debida, en 1897 se dio en un contexto caracterizado por: 1) el descrédito de las Fuerzas Armadas; 2) la reducción del presupuesto, y 3) por el enfrentamiento interno que la asignación  de responsabilidades por la derrota de Malvinas había generado. La ruptura de la cadena de mandos fue una consecuencia de la crisis militar. Pero este conflicto sólo podía terminar con la destrucción de la Institución como tal, ya que la potencial victoria "carapintada"( el sector de suboficiales) implicaba la remoción del personal superior. Su subordinación al poder constitucional no data de nacientes valores democráticos, sino del reconocimiento de que si ciertos límites son traspasados, se pone en peligro la supervivencia del actor como tal. De esta forma, y como consecuencia de las derivaciones políticas y legales que tuvo la lucha política ligada a los derechos humanos, es posible prever que, en el largo plazo, el actor militar ha quedado sin capacidad de cuestionar, y por ende subordinado al poder constitucional.

La burguesía y el régimen político

            El surgimiento del Peronismo como mayoría electoral constituyó a la democracia un régimen de alto riesgo para la burguesía. Es por ello de que a  partir de los años cincuenta, la organización y estrategias políticas de los capitalistas desarrollaron acciones defensivas (y conspirativas) en períodos de democracia, apoyando la instauración de regímenes militares. Sin embargo, a partir de 1976, el autoritarismo militar había comenzado a variar su significado para la burguesía, mientras que en 1983 la reedificación de significado se inicia con respecto al régimen democrático.

            La dictadura que gobernó desde 1976 a 1983, significó la implantación de políticas diseñadas con la exclusión del empresariado organizado. La suma de poder político en manos militares, podía resultar en políticas tecnocráticas de fuerte impacto negativo para importantes grupos económicos. Es por eso, que el conjunto de entidades empresarias (SRA., UIA, CAC, etc.) no dudaron en apoyar a la democracia en las crisis militares.

            Para los sectores empresarios de gran peso económico y ligados a asociaciones liberales, la democracia implicaba una amenaza dado: a) el mencionado avance de los grupos sindicales y de la CGE, con la consecuente pérdida de influencia sobre el aparato estatal, b) la disminución del peso del mercado como asignador de recursos. El triunfo electoral radical de 1983 implicó, entonces, un principio de cambio en el significado de la democracia para los grupos empresarios.

Desde las elecciones de 1983 hasta junio de 1985, con el Plan Austral, la alternativa democrática había ofrecido cuatro ventajas a  los intereses patronales: 1) la derrota electoral del Peronismo, 2) la neutralización del riesgo que algunas de sus organizaciones fueran desplazadas de la actividad político - empresarial, 3) el reconocimiento por parte del gobierno de la hegemonía política de la UIA sobre su viejo adversario CGE -CGI, y 4) el enfrentamiento del gobierno con las organizaciones de trabajadores con respecto a temer, que como las paritarias o el control de las obras sociales, son determinantes del poder sindical. A partir de Junio de 1985, el radicalismo se mostró permeable a las modificaciones en el modelo de acumulación en una dirección funcional a interesas empresarios de gran peso: apertura de la economía, privatizaciones, enfrentamiento con el poder sindical.

            Por otra parte, el peronismo menemista ha profundizado la reacción neoliberal de la reorganización de la economía.

            Dentro de este cuadro, la burguesía encuentra que las variantes políticas que ofrece la democracia argentina actual son más funcionales a sus intereses que la dictadura militar. La apuesta de la burguesía a la estabilidad democrática es de largo plazo.

           

El tipo de democracia que se está consolidando en la Argentina

            Hasta mediados de la década del '70, la resultante  de los recurrentes ciclos de la lucha por la distribución de bienes políticos (libertades, derechos laborales, etc.) y materiales entre los trabajadores y la burguesía, podría ser considerado como un empate. Sin embargo, con en la dictadura militar, y los gobiernos de Alfonsín y Menem la balanza se inclinó hacia el segundo sector.

            Es el gobierno de Menem quien logra desempatar la situación a favor del empresariado en forma contundente.

            La apertura democrática de 1983 significó el corrimiento de la lucha política desde una tensión autoritarismo / democracia, hacia otra centrada en el tipo de democracia que asegurase la gobernabilidad y estabilidad. Las democracias consolidadas pueden ser pensadas en función de tres tipos ideales de organización del poder y articulación de derechos e interese sociales. Por un lado, encontramos el tipo "neocorporativo" que basaba la gobernabilidad del régimen en actores sociales de alta densidad organizativa.

La base de esta democracia es un intercambio entre los trabajadores organizados, el empresariado y el Estado: los primeros abandonan demandas radicales a cambio de participación política en el proceso de toma de decisiones que apunta a aumentar, por un lado, inversiones/ empleo / salarios por parte de los empresarios y, por el otro, el Estado garantiza el intercambio entre trabajadores y capitalistas sancionando aquellos que quiebren acuerdos y desarrollando políticas de bienestar social (educación, salud, etc.) Este tipo de democracia alcanza la estabilidad política por el proceso incorporación al orden político-institucional de los grupos sociales subordinados y, a su vez, la posibilidad de incorporación se sostiene en la extensión de la distribución de bienes políticos y económicos en la sociedad. Por orto lado, podemos observar regímenes democráticos cuya gobernabilidad está basada en la desarticulación de la capacidad contestataria de los sectores populares. Estas democracias se caracterizan por menores niveles de distribución de recursos materiales y políticos (extensión de derechos sociales, etc.)

Actores sociales débiles, alta concentración de la riqueza son propiedades de un tipo de democracia "neoliberal” o "fragmentaria”, cuya gobernabilidad está basada en su capacidad de exclusión política y económica de importantes grupos sociales. Finalmente, el tercer tipo ideal nos muestra a las élites estatales y a los grupos sociales dominantes estableciendo una alianza con un sector estratégico y minoritario de los sectores populares, con el objetivo de excluir a la mayoría del resto de la sociedad por medio de la desarticulación de su capacidad de acción colectiva. La estabilidad político - económica en este tipo de democracia, descansa en una lógica dual del poder estatal (respeto por la organización de la minoría aliada y desarticulación del resto de lo actores sociales) y distribución (una distribución más desigual donde los beneficios se extienden sólo a las minorías aliadas dentro del empresariado y la clase trabajadora).

            Resulta claro que la tendencia argentina actual es la consolidación de una democracia excluyente y fragmentaria con repecho a los intereses sociales mayoritarios.